Julio 3 de 2013. Por: Ángel Castaño Guzman.
En www.cronicadelquindio.com.
Quede claro de entrada: el responsable del colapso de Interbolsa, la más importante firma comisionista de la Bolsa de Valores de Colombia no es, como en un principio se podría pensar, Alessandro Corridori ni Rodrigo Jaramillo Correa ni Juan Carlos Ortiz. Quien en justicia debe recibir la descarga cerrada de tomates por su manifiesta incapacidad para proteger el bienestar de los ciudadanos, en este caso el de los inversionistas, es el Estado colombiano.
Lo sé, siempre ha sido así: el Estado es culpable de todo, de los paramilitares, del caos en las ciudades, de la minería ilegal, del narcotráfico, de todo, repito. Ahora, adjudicarle la culpa en abstracto es amén de irresponsable una posición que raya con la complicidad.
Los directos encargados por ley de evitar crisis de la envergadura de la de Interbolsa son el Superintendente Financiero y el presidente de la República. El periodista Alberto Donadio, cofundador de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo y autor de, entre otros libros, Colombia nazi, Banqueros en el banquillo y El jefe supremo; en El cartel de Interbolsa (2013) explica en detalle la razón por la cual una empresa de prestigio, merecedora de altas calificaciones, naufragó de un momento a otro. Si bien Gerardo Hernández, cabeza de la Superfinanciera, y el presidente Juan Manuel Santos, son culpables de la quiebra de miles de colombianos por no cumplir a cabalidad lo encomendado por la legislación nacional, como se evidencia en el capítulo de cierre del volumen, la avaricia de Corridori, Jaramillo Correa y Ortiz, hombres del jet set, acostumbrados a bromear en los cócteles con senadores y ministros, merece un castigo severo. Hasta tal punto llegó la bellaquería de los aludidos, que en un aparte Donadio dice sin rodeos: “Por lo que se sabe, parece que las únicas personas honorables, no sancionadas, ni expulsadas, ni bajo sospecha, que trabajaban en Interbolsa eran los vigilantes y las señoras que servían los tintos”.
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda entre 2003 y 2007, publicó en la revista Dinero una columna de opinión en defensa de las maniobras de Interbolsa. Afirma Carrasquilla, citado por Donadio: “…la actividad financiera, consiste, precisamente, en tomar riesgos. En hacer apuestas, si se quiere, con dinero ajeno y eso, a veces, sale muy mal”. Lo juro: no es una tomadura de pelo. Si alguien quiere corroborar la cita, busque la edición de noviembre 24 de 2012 de Dinero o, mejor, vaya a la página 50 del libro en comento. Pocas veces un político dice la verdad. Carrasquilla justifica el fraude y la estafa, siempre y cuando se lleven a cabo por miembros de la Bolsa de Valores.
Gracias al olfato periodístico de Donadio, el lector encuentra en El Cartel de Interbolsa apuntes de ese calibre. La razón es sencilla: en contravía del grueso de los reporteros, Alberto Donadio cuestiona la versión oficial. No se contenta con el boletín de prensa. Lee entre líneas, conecta sucesos y descubre los dislates de la clase dirigente. Además, no teme enfrentarla. Carrasquilla, molesto por un informe titulado “Ministerio le premió la trampa a Interbolsa”, haciendo gala de un tono zumbón no usual en los economistas, retó a Donadio. Este no se arredró. Le contestó con un artículo y con un libro.
Concluyo con la mención de dos expresiones de la sabiduría popular perfectas para el affaire Interbolsa. La primera, por supuesto: la avaricia rompe el saco. En la jugada suicida de los repos de Fabricato se utilizaron fondos a espaldas de sus dueños y, en una lógica perversa, se distribuyeron las pérdidas. Todo indica que si el dado hubiese caído de otra forma, los dividendos solo engrosarían las de por sí formidables cuentas bancarias de los estafadores. La segunda: la ley es para los de ruana. Contraria a la celeridad mostrada en el desmonte y denuncia de DMG —el entonces ministro de Defensa, hoy presidente Santos, insinuó nexos de Murcia Guzmán con el narcotráfico—, a paso de tortuga avanzan los procesos judiciales relacionados con Interbolsa, quizás en ello incida que algunos de los salpicados aportaron dinero a la campaña del primer mandatario.