Junio 9 de 2013. Por: Germán Jiménez Morales.
En El Colombiano.

Alberto Donadio, uno de los pioneros del periodismo de investigación en Colombia y autor del libro “El cartel de Interbolsa”, se pregunta, en voz alta, ¿por qué será que la Fiscalía no ha metido preso a ninguno de los responsables del colapso del grupo empresarial que lideraba Rodrigo Jaramillo Correa, sabiendo que al probar lo dura que es la vida detrás de las rejas los implicados ya habrían revelado la verdad y prendido el “ventilador” para delatar a sus cómplices?

“En estas estafas financieras, en las que no se dejan constancias porque se apoyan en pactos verbales, la solución es coger presos a los responsables para que canten. Aquí no sé por qué no lo ha hecho la Fiscalía. Nadie sabe la respuesta”.

Así lo planteó el escritor esta semana, en la Universidad Eafit, durante un conversatorio con el periodista Juan Gonzalo Betancur, en el que presentó su “crónica de una estafa financiera”, como subtituló la obra que lo consolida como “notario” de crisis que dejan millares de damnificados, como esta de Interbolsa (1).

Donadio, que también es abogado de la Universidad de Los Andes, dejó de lado los tecnicismos e hizo gala de una abundante franqueza. En su concepto, detrás del colapso de la comisionista de bolsa Interbolsa, y del grupo empresarial que giraba a su alrededor, lo que hubo fue “un atraco planificado”, en la medida que los dueños y responsables del manejo de estas sociedades especularon con la plata de unos clientes, a los que no les dijeron en qué estaban invirtiendo realmente su dinero.

Sus críticas no son etéreas. Al contrario, tanto en su blog -Detrás de Interbolsa- como en notas publicadas en el diario El Espectador, Donadio les ha puesto nombres propios a sus denuncias.

Ha dicho, por ejemplo, que Rodrigo Jaramillo Correa, presidente de Interbolsa, y Jorge Arabia Wartenberg, su vicepresidente Financiero, crearon una sociedad en Luxemburgo. A los pocos días emitieron unos bonos o Títulos Estructurados (TEC) que se vendieron en Colombia y recogieron 50 millones de dólares.

Ahí están desaparecidos unos 90.000 millones de pesos de inversionistas, de los cuales, estima Donadio, se podrían recuperar los 3 millones de dólares que están en la Fiduciaria Popular. Fuentes consultadas por el escritor indican que el resto se invirtió en el proceso presuntamente especulativo para tomarse a Fabricato, valorizar su acción, vender sus apetecidos terrenos y extraer una lucrativa ganancia.

El banco de Ortiz

También da los nombres de quienes participaron en la sustracción, presuntamente ilegal, de 78.000 millones de pesos de la cartera colectiva Credit, pero que se disfrazó como un préstamo que la Clínica Candelaria le hizo a Interbolsa, para que esta, a su vez, le pagara un crédito de 70.000 millones de pesos a Bancolombia. En los documentos están las firmas de Arabia Wartenberg, Álvaro Tirado Quintero, presidente de la comisionista Interbolsa, y Luz Andrea Colmenares, representante legal de Candelaria.

Aquí, anota Donadio, no aparece la firma de Rodrigo Jaramillo, “pero es probable que él estuviera enterado, pues estaba en juego una obligación de Interbolsa con Bancolombia”.

En el caso de Premium los presuntos responsables también gozan de una visibilidad pública. Este fondo fue creado en 2000 por Tomás Jaramillo Botero -hijo de Rodrigo Jaramillo- y Juan Carlos Ortiz, accionista de Interbolsa y antes de Proyectar Valores, firma comisionista que también se fue a pique. Ortiz argumenta que en 2011 y 2012 no manejaba la plata, pero él y Jaramillo Botero “siguen siendo los únicos accionistas con derecho a voto y además fueron los encargados de las inversiones a través de una sociedad de Bahamas”.

Por presuntos delitos relacionados con el manejo del Fondo Premium, el abogado penalista Jaime Granados Peña denunció ante la Fiscalía a Ortiz, Rodrigo y Tomás Jaramillo, Álvaro Tirado y al empresario Víctor Maldonado. En concepto de Donadio, faltaría incluir en ese listado a quienes dirigían Premium en Bogotá, o sea Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado. “Por lo pronto, añade el escritor, no se sabe si ellos invirtieron la plata del fondo, pero Tirado firmó el año pasado un balance”.

El hecho es que en 2012 Premium manejaba de terceros 174 millones de dólares, que los clientes habían colocado para que les hicieran inversiones de renta fija en dólares. Sin embargo, Donadio sostiene que este fondo fue “el banco privado de Ortiz, para hacer préstamos en Colombia”.

Cuando el escritor le preguntó a Ortiz sobre la estructura de Premium, este último le dijo que lo mejor era prestarles a los amigos, porque se sabía en dónde se hallaban para cobrarles. Entre esos clientes estaban el italiano Alessandro Corridori, figura que hoy es el centro de la investigación de la Fiscalía por presunta manipulación en el precio de la acción de Fabricato- y el empresario Víctor Maldonado, dueño de Archie’s, Foto Japón, el Hotel Santa Clara de Cartagena y también del 30 por ciento de Interbolsa.

Para sostener la presunta especulación con la acción de Fabricato, metieron allí 61 millones de dólares de Premium y carteras colectivas. Así mismo, Maldonado, -que está “arrepentido” por el desenlace que tuvieron sus relaciones con Interbolsa, según comenta Donadio- recibió de Premium 42 millones de dólares. Si se los hubiera prestado un banco, esa plata de los inversionistas estaría garantizada hasta con el patrimonio personal del empresario. Pero como el banquero era su amigo Ortiz, las deudas no tienen suficiente respaldo y de ellas no se rendían cuentas a los inversionistas.

Terceros pagan la aventura

Dicho ha quedado, y Donadio lo corrobora, que el epicentro de la crisis fue la toma presuntamente irregular de Fabricato, para hacer un negocio inmobiliario. Si el control se hubiera tomado mediante una Operación de Mercado Abierto (OPA) y con dineros de los dueños de Interbolsa, o de sus clientes, si éstos lo hubieran sabido y consentido, la historia no tendría hoy implicaciones penales (2).

Pero no fue así y las diferentes maniobras que se realizaron tienen un elevado costo para los terceros que, de buena fe, llevaron su dinero a Interbolsa, el gigante que concentraba más del 34 por ciento del mercado bursátil, operaba en la economía formal y tenía la supervisión estatal de la Superintendencia Financiera.

Donadio estima que esta crisis les está costando a los inversionistas del orden de 1 billón de pesos.

Los damnificados, por ser de un estrato más acomodado que los arrollados por la pirámide de DMG, han optado por un bajo perfil a la hora de elevar sus protestas. ¿Vergüenza? Puede ser, reconoció una víctima durante la presentación del “Cartel de Interbolsa”, y eso dificulta el proceso de unión de los damnificados.

Del otro lado, según lo reveló Donadio, los presuntos responsables dan sobre sus actuaciones unas respuestas que califica de infantiles y propias de personajes que manejan miles de millones de pesos, pero que tienen su lugar de residencia en la mentira.

A Corridori, por ejemplo, el periodista le ha escuchado decir que Interbolsa estaba quebrada y que cuando les llevó la propuesta del negocio de Fabricato vieron en ella una posibilidad de salvación. A_Donadio no le parece del todo descabellado, considerando que, luego del colapso de la comisionista de Interbolsa, se descubrió que el resto del grupo empresarial tenía poco valor real y solidez.

Lo que no se traga de Corridori es uno de sus argumentos base para la defensa legal: que él fue estafado como cliente por Interbolsa, una firma objeto de vigilancia y supervisión de entidades como la Superfinanciera, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) y la Bolsa de Valores de Colombia. “Si lo hubieran puesto preso hace seis meses, ya habría cantado la verdad”, insiste el escritor.

¿De victimario a víctima?

Juan Carlos Ortiz, añade, también se ha declarado como víctima. Inclusive, según lo recogió El Colombiano, el inversionista tasó en 10.000 millones de pesos su pérdida por la crisis de Interbolsa, que se sumarían a los 2.500 millones de pesos que le costó la destorcida de Proyectar Valores (3). Las respuestas de Ortiz no es mucho lo que revelan, como cuando le preguntó por 26 sociedades que tiene en Panamá, y cuyo nombre comienza por PCIP. Allí no tuvo forma de saber para qué las tenía, porque Ortiz se limitó a decir que habían sido creadas por su papá.

“Personajes como éste no se ofenden por nada, tienen qué estafar y viven en un mundo de ficción”, afirmó Donadio en Eafit. Para ilustración, destacó que Corridori se ofendió y calificó de HP a Ortiz, cuando este último dijo que no lo conocía, sabiendo que él había estado como invitado en su matrimonio.

¿Y el control estatal?

Al referirse a los responsables de la crisis de Interbolsa, Donadio sentenció que “eran bandidos desde chiquitos”, un mordaz comentario que ilustró recordando que en 2003 a esta misma comisionista la multaron y le suspendieron durante tres días su inscripción como intermediaria en el Registro Nacional de Valores, por la indebida destinación de recursos de sus clientes y la administración de portafolios de valores de terceros sin la debida autorización de la Superintendencia.

En esa época, dijo Donadio, dispusieron de 1.500 millones, pero esta vez se les fue la mano y pasaron de los 300.000 millones de pesos. A eso habría que añadir que a Juan Carlos Ortiz lo expulsaron de la Bolsa de Valores de Bogotá por lo mismo, por hacer negocios propios, con dinero de sus clientes, algo que no fue impedimento para que Rodrigo Jaramillo Correa lo hiciera años después su socio.

Ni a Interbolsa ni a Ortiz les siguieron la pista los supervisores del mercado público de valores. Con un agravante:_dueños de Interbolsa también habían estado en Proyectar Valores, hoy en liquidación.

Donadio manifestó que a entidades como la Superfinanciera no le luce decir, por ejemplo, que no sabía quién era Juan Carlos Ortiz, porque a sus vigilados les debe exigir honorabilidad y moralidad. “El Estado falló -recalca una y otra vez- dejó que señores como éste se enriquecieran y no los sancionó a tiempo”.

Su pronóstico es que esos fallos estatales, sumados a los de la Bolsa de Valores de Colombia y el Autorregulador del Mercado (AMV), servirán en bandeja de plata las demandas que presentarán las víctimas de Interbolsa. Las sentencias tardarán, pero se ganarán.

Despieces

Donadio, experto en crisis financieras

Alberto Donadio es abogado, periodista y escritor especializado en quiebras financieras. Creó en 1972 con Daniel Samper Pizano la Unidad Investigativa de El Tiempo. Con su esposa, Silvia Galvis, escribió “Colombia Nazi” y “El Jefe Supremo”. Así mismo, es autor de obras como “Banqueros en el banquillo”, “¿Por qué cayó Jaime Michelsen?”, “Los farsantes”, “El montaje”, “Yo, el Fiscal” y “Galvis Galvis o el carácter, cartas privadas de un hombre público”.

Fue el primer secretario General de la Comisión Andina de Juristas, consultor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza e investigador del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Pruebas a favor de las víctimas

Al decir de Donadio, para las demandas por responsabilidad civil extracontractual y las acciones de grupo, que tardan menos en fallarse- las víctimas de Interbolsa tienen varias pruebas a favor. A las fallas de los entes estatales de supervisión les agrega la reversa del crédito que la cartera Credit le había hecho a Corridori, por $106.000 millones, sin que las autoridades preguntaran luego cómo se había tapado ese hueco. Otra prueba son los informes del Autorregulador del Mercado (AMV), con las alertas sobre el proceso presuntamente especulativo con la acción de Fabricato.